La Justicia boliviana ordenó al periodista Ricardo Aguilar Agramont, del diario La Razón, que revele los nombres de las fuentes reservadas que usó en un reportaje sobre la demanda marítima boliviana y por la cual, el gobierno de Evo Morales le ha acusado de "espionaje", informó una fuente oficial.
El Juzgado 11 de Instrucción en lo Penal de La Paz dispuso el "levantamiento del secreto de fuente" e instruyó a Aguilar "revelar en el plazo de tres días el nombre o los nombres" de quienes le revelaron "información reservada sobre la demanda marítima boliviana", según un comunicado de la Procuraduría General.
El procurador general del Estado, Héctor Arce, presentó una denuncia contra Aguilar y contra la directora de La Razón, Claudia Benavente, por los supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos por el reportaje "De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los 'actos unilaterales'", publicado el 13 de abril pasado.
La nota narra los detalles de la forma en que Bolivia elaboró la demanda contra Chile presentada en abril de 2013 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para pedir un fallo que ordene a Chile negociar su demanda de una salida al mar.
El artículo fue publicado dos días antes de que el presidente Morales presentara el mes pasado en la CIJ la memoria con los alegatos jurídicos e históricos de su reclamo.
La Procuraduría justificó que la denuncia contra Aguilar responde a un mandato de la Constitución boliviana y se dio "en estricta defensa de los intereses del Estado".
La institución también aseguró ser "profundamente respetuosa" de la libertad de expresión", si bien exhortó a Aguilar y al periódico "a coadyuvar" con la investigación, cuyo "único fin" es "proteger la mayor acción jurídica que ha emprendido el Estado" en defensa del objetivo "más sensible y trascendental para nuestra nacionalidad".
La Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Nacional de la Prensa, que agrupa a propietarios y directores de diarios de Bolivia, expresaron por separado su rechazo a la denuncia y exigieron respeto a la Ley de Imprenta, que protege el secreto de fuente.
La Razón tiene como principal accionista al empresario venezolano Carlos Gill y antes perteneció al grupo español Prisa.
El sindicato de periodistas de La Razón defendió el miércoles que la libertad de expresión e información es la base de la democracia y que la fuente de la información de ese artículo no puede ser revelada "porque el secreto en materia de imprenta es inviolable".
El gobierno boliviano ya había acusado anteriormente al diario Página Siete de estar supuestamente a favor de intereses chilenos en el pleito sobre la demanda marítima, lo cual rechazó ese medio.
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